Uruguay: Internación compulsiva

por Hana Fischer

Hana Fischer es analista política uruguaya.
Hay ciertos horrores —que en el pasado fueron práctica común— que uno tendería a pensar que ningún gobierno de un país civilizado actual, se atrevería a proponer seriamente. Sin embargo, la capacidad que las autoridades exhiben  para alarmarnos, es ilimitada.
Nos estamos refiriendo concretamente, a la “internación compulsiva” en hospitales psiquiátricos u otros centros de salud de análoga índole, alegando las más diversas justificaciones. Pero en el fondo, esas prácticas tienen el mismo oscuro propósito: sacar de circulación a las personas que no se ajustan a rígidas pautas de conducta, ya sea de índole social o política.

La ex Unión Soviética utilizó profusamente ese instrumento, para martirizar a los opositores al régimen. La época más trágica se sitúa entre las décadas de 1960 y 1970. Según Yuri Sawenko, quien en 1989 fundó y presidió a la Asociación de Psiquiatras Independientes de la URSS, esos fueron “20 años de abusos psiquiátricos llevados a cabo desde el departamento del Ministerio de Sanidad Pública (…) Bastaba una llamada del KGB para que los médicos diagnosticaran esquizofrenia latente o desarrollo paranoide de la personalidad”. Las cifras exactas de las personas que fueron “internadas” contra su voluntad —práctica normal en este tipo de situaciones— es desconocida. Pero lo que sí se sabe con seguridad, es que el número de muertes en los hospitales psiquiátricos era muy elevado.
Actualmente en Uruguay, nos gobierna un “Frente Amplio” de izquierda. Como es habitual en este tipo de organizaciones políticas, el espectro ideológico que abarca es muy vasto: va desde una socialdemocracia moderna, hasta un izquierdismo radical que sigue soñando con imponer el “paraíso” comunista en estas tierras. Entre estos últimos, los “Tupamaros” (grupo al cual pertenece el actual presidente José Mujica), están trabajando persistentemente con una visión estratégica de largo plazo, dando pasos que, mirados individualmente no causan preocupación, pero mirados en conjunto, marcan claramente la meta hacía la cual se dirigen.
Entre los “movimientos” que están haciendo en ese sentido, se encuentran una serie de proyectos de ley emanados del Poder Ejecutivo, a los que orwellianamente ha denominado “por la vida y la convivencia”. Entre los más controvertidos se hallan el que legaliza la venta de marihuana, y el que estipula la internación compulsiva de los adictos a las drogas, que, a juicio de las autoridades, sean “peligrosos”.
La idea de Mujica de legalizar la venta de la marihuana, ha recibido mucha atención de los medios internacionales de prensa; no así, su totalitario proyecto de la internación compulsiva de los personas que sean consideradas “peligrosas”, pero que no le han hecho daño a nadie.
A nuestro entender, no se pueden observar las dos medidas por separado, sino como parte de un proyecto común, de ondas más amplias e inquietantes. Estratégicamente se las ha separado, para disfumar su contorno y confundir porque si estuvieran juntas, en principio, parecería una contradicción. Pero mirando más allá de la superficie, haciendo la tarea de minero como propone Ortega y Gasset, veremos claramente sus raíces comunes.
Lo que Mujica quiere, no es que la venta de marihuana sea libre. No confundamos. A lo que él aspira, es a que el Estado tenga el monopolio del cultivo y de la venta, lo cual es algo muy diferente. Pensemos un momento, ¿qué es lo que actualmente hace tan poderoso al traficante de drogas? ¿No es la desesperación del drogadicto por obtenerla? ¿No hace cualquier cosa con tal de conseguirla? Pues bien, ése es el poder que Mujica aspira que le demos al Estado, al mejor estilo de Un mundo feliz de Aldous Huxley. Inquietante, ¿no?
Luego de la controversia que provocó esta iniciativa dentro y fuera de fronteras, Mujica —en un rasgo que lo caracteriza— cambió de inmediato la “versión”. En ciertas entrevistas que concedió, por ejemplo al periodista Andrés Oppenheimer de la CNN en español, expresó que en realidad, va a ser una única empresa privada escogida por el Estado, la que va a tener el monopolio de su cultivo (habló de unas 150 hectáreas), distribución y venta. Lo cual en definitiva, vendría a ser lo mismo que si la vendiera el Estado directamente. Pero el hecho concreto es, que en el proyecto remitido al parlamento por el Ejecutivo, no está establecido que sea una empresa privada la que se ocupe de su comercialización, sino el propio Estado.
Con respecto al otro proyecto de ley, el presidente Mujica siempre se mostró partidario de la internación compulsiva de los adictos. En la campaña electoral había afirmado, que “Hay que agarrarlos del forro e internarlos a prepo”. Ahondó en el concepto, durante las largas entrevistas que concedió a Alfredo García, con el fin de que sirvieran de material para un libro. La obra fue publicada con el título Pepe Coloquios. Allí expresa, que “Los gurises de la calle con los ojos vidriosos, vos los ves, están haciendo un mango para la falopa. Y con esta izquierda bobalicona que tenemos, por favor. Tenemos que cambiar la legislación, tener unos médicos más o menos, y reconocidos desde el punto de vista jurídico que te digan: ‘Este sí es drogadicto’. Bueno, marchás por razones preventivas, te voy a sacar alto del piso pero en unos años me lo vas a agradecer”.
Obviamente, tanto esa idea como el mencionado proyecto de ley, levantaron muchas resistencias, incluso dentro de la izquierda. Sin embargo, tienen el apoyo de las huestes tupamaras. Por ejemplo, el ministro del Interior Eduardo Bonomi, cree que es absolutamente necesaria.
Desde la propia izquierda se manifiesta preocupación hacia la proyectada norma. Se señala, que la legislación vigente ya contempla aquellas situaciones donde hay riesgo para terceros o hacia la persona misma. El diputado socialista Julio Bango declaró, que hay que  “hacer compatible la atención de las personas que no tienen capacidad de resolver por sí mismas pero sin violentar sus garantías individuales”. Por su parte Nicolás Pereira, otro legislador oficialista, expresó que confía en que la voluntad del Poder Ejecutivo sea utilizar la norma únicamente para los “casos agudos”. Manifestó su preocupación, de que la ley pueda quedar “con criterios amplios”, tal como está redactado actualmente el proyecto. Concretamente, expresó su temor al uso que algún gobierno pueda hacer de dicha norma.
Además, el proyecto fue tachado de inconstitucional por juristas e incluso por Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justica.
Frente a todas esas dudas y planteamientos, Mujica replicó que la izquierda “se comió la píldora de los derechos humanos”, y que la situación “sin cirugía no se arregla”.
Mayor franqueza para expresar los fundamentos sobre los que está asentada su ideología, imposible.
La estrategia para conseguir el “paraíso” que los tupamaros anhelan, ¿no será una síntesis entre 1984 y Un mundo feliz?