Representados por el abogado antiinmigrante Kris Kobach, 10 agentes del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presentaron una demanda contra el programa de acción diferida para los DREAMers en una corte federal en Dallas.
En el documento legal contra la encargada de la seguridad nacional, Janet Napolitano y el director de ICE, John Morton, los demandantes califican la acción diferida como un recurso inconstitucional y violatorio de la ley federal, por lo que exigen a la corte que cancele la disposición anunciada por el presidente Barack Obama el pasado 15 de junio, la cual brinda un alivio temporal a los “DREAMers” al suspender las deportaciones y otorgarles permiso legal para trabajar.

En las 22 páginas de la demanda civil ante la corte federal del norte de Texas, se exponen seis causas de acción contra la medida migratoria elaborada para beneficiar a 1.76 millones de jóvenes indocumentados que fueron traídos desde niños a Estados Unidos.
Los agentes del ICE que emprendieron la demanda civil son Christopher Crane de Utah, Félix Luciano de California, James Doebler de Delaware y el resto proceden de oficinas en Texas: David Engle, Anastasia Marie Carroll, Ricardo Díaz, Lorenzo Garza, Tre Rebstock, Fernando Silva y Samuel Martin.
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Al menos cuatro de los agentes demandantes son miembros del consejo directivo nacional del sindicato de trabajadores de ICE.
En la demanda, los agentes se quejan de que al verse obligados a hacer cumplir la ley de inmigración en forma selectiva, se les está forzando a quebrantar la ley e ignorar su deber de procurar la deportación de los migrantes indocumentados.
“Las directrices que conceden a algunos indocumentados que permanezcan en el país y en algunos casos hasta apliquen para recibir permisos de trabajo, nos está forzando a trasgredir la ley federal de procedimientos administrativos, usurpa funciones constitucionales y menoscaba los poderes legislativos del Congreso”, argumentan.
A la vez, los agentes del ICE se quejan de ser sancionados actualmente por hacer cumplir las leyes migratorias. “Reciben órdenes de violar las leyes de migración y están siendo disciplinados o enfrentan una sanción laboral si ellos siguen la ley federal”, señala el texto.
La demanda civil se presentó por el abogado Kris Kobach, quien funge como secretario de estado en Kansas y es asesor en asuntos migratorios del candidato presidencial republicano, Mitt Romney. Además, a Kobach se le atribuyen los textos de las leyes antiinmigrantes de Arizona, la SB 1070 y de Alabama, la SB 56.
También firma el documento legal el abogado Michael Jung, uno de los representantes legales junto con Kobach de la ciudad de Farmers Branch, un suburbio de Dallas, donde continúa una intensa lucha en las cortes para prohibir la renta de inmuebles a indocumentados. Sus intentos legales han durado más de 4 años y han costado más de 5 millones de dólares al erario municipal.
El congresista Texano Lamar Smith criticó en una columna la medida de acción diferida para los DREAMers, ya que se prestaría para el fraude y el abuso. Además, externó que “potencialmente millones de inmigrantes ilegales competirían con los trabajadores estadounidenses por empleos. La administración federal planea repetir el fraude a larga escala de la amnistía de 1986”, señaló el legislador republicano.
Daniel Olvera, dirigente de la organización ‘Iniciativa de Liderazgo Universitario’ que agrupa a DREAMers de Austin, señaló que personalmente cree que la demanda legal de Kobach es otro ataque contra los inmigrantes y estudiantes indocumentados.
“En lugar de la aprobación del Dream Act, la acción diferida es una provisión que ya está vigente y a nuestra disposición, como lo es la ley estatal que nos permite acceder a la colegiatura de residentes en las universidades”, dijo en referencia a la ley conocida como Texas Dream Act.
Comentó Olvera que la acción diferida no permite a los agentes del ICE realizar su trabajo que es deportar gente. Por ese motivo, consideró posible que tal vez haya que elaborar un plan de defensa contra ese recurso legal para que no pase a mayores y seguir observando cómo se lleva a cabo el alivio migratorio para los DREAMers.
“Siempre hemos vivido con estas personas que odian a los inmigrantes y a lo que representamos”, señaló. Sin embargo, debemos aprovechar esta disposición de la acción diferida a la que siguen aplicando los jóvenes en Texas con la entrega de sus paquetes de documentación requerida, agregó.
En 2001 en Texas se aprobó una ley que permite el acceso de jóvenes indocumentados a universidades y colegios comunitarios con el pago de una colegiatura rebajada de residentes en el estado. En más de una década, decens de miles de inmigrantes han obtenido educación superior a través del llamado “Texas Dream Act” aun en vigencia.
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